La ocupación de banquetas desplaza a peatones y mantiene un problema que persiste desde hace décadas.
Rafael Cruz
Valle de Santiago, Gto., a 16 de julio de 2026-. Si existe un problema que ha sobrevivido administración tras administración en Valle de Santiago, ese es el desorden generado por el comercio ambulante en el primer cuadro de la ciudad. Mientras los gobiernos municipales cambian y los discursos prometen recuperar el orden urbano, la realidad en las calles demuestra que poco o nada ha cambiado.
Basta recorrer las inmediaciones del mercado Hidalgo y las calles aledañas para comprobar cómo las banquetas, que por ley deberían estar destinadas al tránsito peatonal, permanecen ocupadas por decenas de puestos semifijos y ambulantes. El resultado es evidente: los peatones terminan desplazados hacia la carpeta asfáltica, obligados a caminar entre automóviles, motocicletas y transporte público para continuar su camino.
Para adultos mayores, personas con discapacidad, madres y padres que empujan carriolas, así como ciudadanos con movilidad reducida, la situación representa mucho más que una simple incomodidad; significa enfrentar un riesgo permanente de sufrir un accidente.
Lo preocupante es que esta problemática ya forma parte de la cotidianidad. Lo que debería ser una excepción se convirtió en una escena normalizada, tolerada durante décadas por las distintas administraciones municipales, sin que ninguna haya logrado —o querido— poner orden de manera definitiva.
Es importante reconocer que quienes ejercen el comercio ambulante buscan obtener un ingreso honesto para llevar sustento a sus hogares, una actividad completamente legítima. Sin embargo, esa necesidad no puede justificar la apropiación de espacios públicos destinados a la movilidad de toda la ciudadanía.
La pregunta que cada vez más habitantes se hacen es inevitable: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de las autoridades municipales?
Porque el crecimiento del ambulantaje deja entrever dos escenarios igualmente preocupantes. El primero es que el gobierno carece de la capacidad para regular una actividad que lleva décadas expandiéndose. El segundo, quizá más delicado, es que simplemente ha decidido evitar conflictos con determinados grupos, permitiendo que el problema continúe mientras quienes pagan las consecuencias son miles de ciudadanos que diariamente transitan por el centro.
Resulta contradictorio que, mientras se habla de modernización, accesibilidad e imagen urbana, las banquetas permanezcan invadidas y los peatones sean quienes deban ceder el paso. En cualquier ciudad ordenada ocurre exactamente lo contrario: el espacio público se protege para garantizar la movilidad de las personas.
La falta de una estrategia integral también impacta a los comerciantes establecidos, quienes, además de cumplir con permisos, impuestos y obligaciones, deben competir con un comercio informal cuya presencia continúa creciendo en algunas de las zonas con mayor actividad económica del municipio.
El ambulantaje dejó de ser únicamente un asunto comercial para convertirse en un problema de movilidad, seguridad e imagen urbana. Cada banqueta ocupada representa un derecho ciudadano menos; cada peatón obligado a caminar por la calle muestra que el espacio público dejó de cumplir la función para la que fue creado.
Mientras no exista una política pública firme, transparente y con reglas claras para todos, el centro de Valle de Santiago seguirá enviando el mismo mensaje: en la disputa por el espacio público, el peatón continúa siendo el gran olvidado.
LSOG