Impulsa Ernesto Millán eliminar caducidad de actas de nacimiento

Busca evitar gastos innecesarios a las familias.

Leticia Agripino

Silao, Gto., a 21 de agosto de 2026-. El diputado local Ernesto Millán aseguró que no bajará el dedo del renglón para lograr que se apruebe la iniciativa planteada por su bancada de Morena en el Congreso del Estado, con la que busca reformar el Código Civil de Guanajuato para que las copias certificadas de las actas de nacimiento no tengan fecha de caducidad y las familias no tengan que desembolsar dinero cada vez que requieran una copia para algún trámite.

El legislador consideró viable la propuesta, siempre y cuando el documento sea legible, no presente alteraciones y no se encuentre muy deteriorado. Por ello, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia expusieron la iniciativa ante el representante de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Vicente Vázquez, con el objetivo de terminar con esta práctica, que obliga a las personas a pagar 189 pesos para renovar el documento.

La iniciativa pretende que las actas de nacimiento sean válidas para cualquier trámite ante cualquier ente público o privado, siempre que sean legibles y no presenten alteraciones o enmendaduras. Con ello, se busca evitar gastos constantes para renovar el documento al realizar diversos trámites institucionales, entre ellos las inscripciones escolares o la entrega de documentación para acceder a un nuevo empleo, lo que representa un gasto para personas que incluso pueden encontrarse desempleadas.

El gasto aumenta cuando una familia necesita inscribir a más de dos hijos en las escuelas, de ahí la necesidad de terminar con esta práctica que, de acuerdo con el legislador, perjudica en gran medida la economía familiar. Consideró paradójico que una persona sin empleo tenga que pagar por una copia de un documento personal cuyos datos no cambian, únicamente porque la copia anterior ya caducó.

El diputado de Morena, Ernesto Millán Soberanes, lamentó la falta de empatía del Gobierno del Estado ante las exigencias sociales y afirmó que, a través de la Consejería Jurídica, la administración estatal se opone constantemente a acciones que buscan beneficiar a la población.

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