La mayoría de los policías guanajuatenses no quieren abandonar su profesión y desean seguir siendo policías
Valentín López
León, Gto. 20 de diciembre de 2023.- Las evaluaciones de control de confianza son uno de los pilares para depurar las corporaciones policiales en el país.
A partir de su promulgación en el 2009, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece la depuración y fortalecimiento de instituciones de seguridad y procuración de justicia a través de la aplicación de evaluaciones de control de confianza a todos sus elementos.
Desde entonces, y hasta el 2020, en el estado se habían aplicado 84 mil 100 exámenes en el Centro de Evaluación y Control de Confianza de Guanajuato.
Para ese año, el 99 por ciento de la plantilla de elementos activos que habían sido evaluados en el estado hasta ese momento, habían aprobado sus respectivos exámenes, de acuerdo a información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett López, asegura que a pesar de la violencia, la mayoría de los policías guanajuatenses no quieren abandonar su vocación.
En una encuesta de autopercepción policial, prácticamente el 70-80 por ciento desea seguir siendo policía, y cuando no desean seguir siendo policías, no es porque tengan miedo al crimen, o eso realmente viene en un porcentaje muy pequeño. La gran mayoría es porque se quejan de sus mandos o de comisiones de trabajo, etcétera. Entonces, en realidad, una gran cantidad desea ser policía.
Para el 2020, en León, el 100 por ciento de sus elementos activos habían aprobado las evaluaciones, como en la mayoría de los municipios, con excepción de Irapuato, Salamanca y Celaya, además de otros municipios, donde los policías con aprobación sumaban el 99 por ciento de su plantilla activa.
Pero el peor caso era Santa Cruz de Juventino Rosas, en el epicentro del cártel Santa Rosa de Lima, donde sólo había aprobado el 91 por ciento.
Conforme a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en los casos de resultados no favorables, los municipios disponen de protocolos para separar a los elementos activos de las corporaciones, respetando sus derechos laborales e incluyendo orientación vocacional para su reincorporación a un giro laboral diverso al de la seguridad pública.
Sophia Huett López considera que en la separación de los policías se deben respetar todos los protocolos.
«Yo siempre he creído, y lo digo a título personal y por experiencia, que cuando das de baja a un policía, tiene que pasar por las comisiones de honor y justicia, y no solamente lo tienes que dar de baja; si tienes la presunción de que hay una conducta delictiva, además tienes que hacer del conocimiento del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque finalmente, creo que tenemos que evitar caer en la discrecionalidad de quién, cómo y por qué das de baja. Tiene que ser a través de procesos. Y creo que esto es lo justo y lo correcto. Hay que recordar que, además, en el caso de la policía, recibe un trato diferencial, establecido por el artículo 123, en donde se le considera que tiene sus propios reglamentos y sus propias condiciones laborales, en donde además ni siquiera pueden ser restituidos, incluso aunque hayan resultado inocentes de un proceso penal. Es decir, se vuelve un tema complejo, y creo que si queremos que las y los policías respeten los derechos humanos en la función policial, tenemos que empezar por respetar los derechos humanos también de las y los policías»
Ya en el 2022, hace un año, 40 de los 46 titulares de seguridad pública municipal que hay en el estado, habían aprobado sus evaluaciones, requisito indispensable para permanecer en sus cargos.
El titular de Abasolo había reprobado; los de Pueblo Nuevo y Santa Catarina habían aprobado pero las evaluaciones no los consideraban viables para desempeñar el cargo.
Por eso, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública considera que es necesario mantener estos cargos como altamente especializados.
«Yo creo que lo ideal en México, que estamos muy lejos de lograrlo, es que las y los titulares salieran de las propias instituciones, que no fueran personajes políticos, que pocas veces tienen realmente un conocimiento en materia de seguridad. No es traerse al abogado, no es traerse al asesor. Es, en el mejor de los ideales, alguien que ya fue policía, alguien que ya perteneció a las instituciones policiales, o alguien que tiene una carrera en la materia. Hay algunos municipios que incluso en sus reglamentos de seguridad pública ya al menos hoy lo están estableciendo es que quien vaya a ser nombrado, la persona tenga al menos 10 o 15 años de carrera en la materia, no policial, pero digamos en seguridad pública, que creo que es adonde tenemos que ir».
A mediados del año en curso, el Congreso del Estado aprobó las reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública de Guanajuato en materia de control de confianza.
Conforme a estas reformas, el personal activo se debe someter a las evaluaciones cada tres años para permanecer en las instituciones policiales, mientras que los mandos policiacos deberán hacerlo cada dos años.
En caso de aprobar la evaluación con restricciones y observaciones, el elemento deberá ser reubicado temporalmente de sus funciones operativas.
Este año, el ayuntamiento de León autorizó la transferencia de 7 millones 480 mil pesos al Centro de Evaluación y Control de Confianza del estado para cubrir el pago de 2 mil 200 evaluaciones, a razón de 3 mil 400 pesos cada una.
RAGA