El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato resolvió que la página reprodujo estereotipos que afectan la imagen, autoridad y el derecho a ejercer el cargo de la alcaldesa de Silao.
Leticia Agripino
Silao, Gto., a 25 de agosto de 2026. – La presidenta municipal, Melanie Murillo, recibió la notificación oficial por parte del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, sobre una sentencia a su favor por violencia política de género, por parte de la página de Facebook “Alfredo Canchola”, la cual deberá cumplir con ciertas sanciones.
En el documento señala que el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato resolvió que ciertas expresiones difundidas en redes sociales constituyeron violencia política en razón de género; reproduciendo estereotipos que afectaron su imagen, su autoridad y su derecho a ejercer el cargo.
La resolución del tribunal electoral determinó que la página “Alfredo Canchola” incurrió en violencia política en razón de género en contra de Melanie Murillo en tres publicaciones que realizó en la cuenta de Facebook.
Ordenó ofrecer una disculpa pública de viva voz a la presidenta municipal Melanie Murillo a través de un video que deberá publicar durante 21 días en ese mismo perfil, además de que deberá inscribirse durante un año y seis meses al Registro Estatal y Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, entre otras sanciones.
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la primera alcaldesa de Silao afirmó creer profundamente en la libertad de expresión, y como servidora pública está consciente de que la crítica y el desacuerdo son parte del oficio y jamás ha pretendido callar a quienes piensan distinto a ella, toda vez que Silao tiene una prensa libre y ciudadanos críticos y así debe seguir siendo.
Dejó en claro que no se trata de opiniones incómodas sobre su gestión, sino de ataques dirigidos a su lugar como mujer en el servicio público y es ahí en donde la libertad de expresión deja de cuestionar decisiones y pasa a cuestionar el derecho de una persona a ocupar el cargo que la ciudadanía le confió.
AECM
