Estas procuradurías tienen una función administrativa para emitir medidas de protección en casos de maltrato, abuso, negligencia, trata, adicciones, entre otras problemáticas.
Daniel Vilches
Guanajuato. 15 julio 2025.- Las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes enfrentan serias limitaciones operativas y falta de relevancia política, lo que compromete su capacidad para garantizar y restituir los derechos de la infancia en México.
Así lo señaló Juan Martín Pérez, director de Tejiendo Redes por la Infancia en México y el Caribe.
Estas procuradurías, dijo, creadas tras la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2014, tienen una función administrativa para emitir medidas de protección en casos de maltrato, abuso, negligencia, trata, adicciones, entre otras problemáticas.
Sin embargo, su actuación depende de la coordinación con otras instancias y su estructura es profundamente desigual como en Guanajuato.
Mientras algunas procuradurías estatales, como las de Coahuila y Nuevo León, han logrado avanzar hacia una mayor autonomía y profesionalización, la mayoría, especialmente a nivel municipal, carecen de personal capacitado, presupuesto adecuado y respaldo institucional.
En muchos municipios, ni siquiera cuentan con una oficina o un equipo dedicado exclusivamente a esta tarea.
Pérez advirtió que el bajo perfil político de estas instancias impide que sus acciones sean reconocidas o fortalecidas por autoridades locales, lo cual impacta directamente en la atención de casos urgentes, como el acompañamiento a hijos e hijas de personas desaparecidas o víctimas de violencia.
El director subrayó que uno de los mayores retos es erradicar prácticas discriminatorias y prejuiciosas por parte del personal no especializado, lo cual afecta especialmente a comunidades indígenas, familias trabajadoras y población diversa.
NJET