Al menos ocho personas con presuntos vínculos familiares ocuparían cargos en la administración.
Rafael Cruz
Jaral del Progreso, Gto., a 02 de octubre de 2026-. “Benéficos para mi familia” fue la expresión que el presidente municipal de Jaral del Progreso, Daniel Cimental Barrón, pronunció al inicio de su mensaje durante su segundo informe de gobierno, una frase que cobra relevancia ante los señalamientos por la presencia de varios de sus familiares en cargos públicos.
De acuerdo con información recabada, al menos ocho personas con presuntos vínculos familiares con el alcalde laborarían en distintas áreas de la administración municipal y organismos relacionados, con percepciones que, sumadas al sueldo del propio edil, superarían los 150 mil pesos mensuales provenientes del erario.
Entre los casos señalados se encuentran su tía, María Efigenia Barrón, a quien el texto identifica como síndica municipal, con un sueldo de 29 mil 393 pesos mensuales, y el esposo de esta, Cuauhtémoc Durán Arroyo, encargado de Catastro e Impuesto Predial, quien percibiría alrededor de 17 mil 551 pesos. También aparecen dos cuñadas del alcalde, identificadas como Brenda Vera y Karla, quienes se desempeñarían como secretarias en la Presidencia Municipal; su prima Montserrat Cimental, subdirectora de la Casa de la Cultura, con un salario aproximado de 10 mil pesos, y su hermano Noé Cimental Barrón, presuntamente vinculado laboralmente al área del Ministerio Público. A ellos se suma Juan Gabriel López Cruz, señalado como concuño del edil y presidente del Consejo del CMAPAJ.
Por su parte, el propio Daniel Cimental percibe 58 mil 788 pesos mensuales, mientras que su madre, Estela Barrón, ocupa la presidencia honorífica del DIF Municipal sin recibir remuneración, según la información disponible.
La presencia de familiares en diferentes espacios del servicio público ha generado cuestionamientos sobre los criterios de contratación, la asignación de puestos y la transparencia en el manejo de los recursos municipales.
Aunque el parentesco con un funcionario no constituye por sí mismo una irregularidad, los casos señalados hacen necesario conocer los procedimientos mediante los cuales fueron designados, las funciones que desempeñan y los perfiles que acreditan para ocupar dichos cargos.
Así, la frase del alcalde durante su informe abre una interrogante para la ciudadanía: ¿de qué manera han sido benéficos estos dos años para su familia y qué información puede ofrecer el gobierno municipal para aclarar los señalamientos? La revisión de los nombramientos, funciones y salarios mediante documentos oficiales permitirá establecer el alcance de esta situación.
LSOG
