Cuestionan viabilidad financiera de una planta tratadora en Jaral del Progreso

El proyecto costaría cerca de 70 millones de pesos, equivalente a más de un tercio del presupuesto municipal anual.

Rafael Cruz

Jaral del Progreso, Gto., a 15 de junio de 2026-. Mientras el municipio enfrenta limitaciones presupuestales para ejecutar obra pública básica, la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) vuelve a figurar entre los proyectos prioritarios del actual gobierno de Jaral del Progreso. La pregunta es inevitable: ¿puede el municipio darse el lujo de no construirla o el verdadero riesgo sería endeudarse para hacerlo?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), Jaral del Progreso se encuentra entre los cuatro municipios del estado que aún carecen de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, junto con Comonfort, Pueblo Nuevo y Villagrán.

El gobierno municipal ya cuenta con un proyecto validado por el Gobierno del Estado, cuya inversión se estima en aproximadamente 70 millones de pesos. Sin embargo, el debate ya no gira en torno a la necesidad de la obra, sino a la forma en que se financiaría.

El Presupuesto de Egresos 2025 de Jaral del Progreso asciende a 194.14 millones de pesos. De esa cantidad, el gasto de capital destinado a infraestructura y activos representa 35.39 millones de pesos.

Para un municipio mediano de entre 30 mil y 50 mil habitantes, una PTAR con capacidad de entre 50 y 100 litros por segundo puede requerir inversiones de entre 80 y 250 millones de pesos, dependiendo de la tecnología utilizada, ya sea lodos activados, biodiscos, lagunas de estabilización o reactores anaerobios.

En términos prácticos, una planta valuada en 70 millones de pesos costaría casi el doble de todo el presupuesto anual destinado a inversión física y equivaldría a más de un tercio del presupuesto total municipal.

La situación se complica aún más al considerar que durante 2025 el municipio esperaba recibir cerca de 34 millones de pesos para infraestructura; sin embargo, obtuvo apenas alrededor de 7 millones de pesos provenientes del Gobierno del Estado, situación que obligó a reducir el número de obras programadas.

Bajo este panorama financiero, resulta prácticamente imposible financiar la obra únicamente con recursos municipales.

Aunque 42 de los 46 municipios de Guanajuato cuentan con al menos una planta tratadora, varias enfrentan problemas de operación, mantenimiento y eficiencia. Municipios como Guanajuato capital, Irapuato, Salamanca, Silao, Uriangato, Valle de Santiago y Yuriria han reportado dificultades para mantener en funcionamiento sus sistemas. Incluso existen casos en los que la infraestructura permanece fuera de servicio o funciona de manera intermitente.

La construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales podría convertirse en una de las obras más importantes para Jaral del Progreso durante los próximos años. Su impacto ambiental, sanitario y social resulta innegable.

No obstante, la experiencia de otros municipios demuestra que construir la infraestructura representa solo una parte del desafío. La verdadera prueba consistirá en garantizar recursos suficientes para operarla y mantenerla de manera eficiente durante los próximos 20 o 30 años.

En este contexto, solicitar un crédito o comprometer participaciones futuras para financiar el proyecto abre un debate legítimo.

¿Debe un municipio con recursos limitados asumir una deuda de esta magnitud?

¿Existe garantía de que podrá sostener los costos de operación durante las próximas décadas?

¿Sería más prudente esperar la concurrencia de recursos estatales y federales antes de comprometer las finanzas municipales?

Traducido a términos prácticos, el costo de la planta equivale a varios años de inversión en pavimentaciones, drenajes, electrificaciones y mejoramiento de espacios públicos.

Especialistas en finanzas públicas suelen advertir que los municipios pequeños deben actuar con cautela al contratar deuda para infraestructura, ya que los créditos reducen la capacidad de inversión futura y obligan a destinar recursos durante varios años al pago de capital e intereses.

Mientras Jaral del Progreso enfrenta demandas constantes de pavimentación, drenaje, alumbrado público, seguridad, mantenimiento de caminos rurales y servicios básicos, algunos sectores consideran que una inversión de esta magnitud podría desplazar otras necesidades inmediatas.

La discusión no es menor.

Setenta millones de pesos podrían financiar decenas de calles, ampliaciones de redes hidráulicas, obras de infraestructura social o programas de equipamiento urbano.

La planta tratadora es necesaria. Lo que aún falta por definir es si el municipio cuenta con una estrategia financiera sostenible que evite que una solución ambiental termine por convertirse en un problema económico de largo plazo.

LSOG