Especialista advierte riesgos por diseño adictivo de plataformas y llama a responsabilidad compartida entre Estado, empresas, escuelas y familias.
Daniel Vilches
México, a 17 de abril de 2026-. En México y el mundo, el uso del celular, las redes sociales y las plataformas digitales forma parte de la vida cotidiana, especialmente entre niñas, niños y adolescentes. El debate se centra en sus beneficios, riesgos y en la responsabilidad de regular estos espacios.
El especialista en derechos de la infancia, Juan Martín Pérez, de la organización Tejiendo Redes por la Infancia en México y el Caribe, sitúa el fenómeno en un contexto global marcado por el dominio de empresas privadas. Señala que los entornos digitales no surgieron desde los Estados ni organismos internacionales, sino desde corporaciones que concentran la interacción de cerca de 6 mil millones de personas.
Este modelo convierte al espacio digital en un entorno guiado por intereses comerciales, donde la vida cotidiana ya no distingue entre lo físico y lo virtual. Para las nuevas generaciones, lo digital constituye su entorno natural.
Pérez advierte que las plataformas operan bajo un diseño que busca captar y retener la atención de los usuarios, lo que incrementa la vulnerabilidad, especialmente entre la población infantil y adolescente. El uso intensivo de dispositivos móviles responde a este modelo, no a una casualidad.
Ante este escenario, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas emitió en 2021 la Observación General número 25, que establece lineamientos para garantizar los derechos de la infancia en entornos digitales. El documento reconoce su participación en estos espacios, pero exige medidas de protección como evitar la explotación de datos personales, resguardar la huella digital, prevenir la exposición a violencia y garantizar mecanismos de denuncia.
El especialista rechaza que la responsabilidad recaiga únicamente en las familias, al considerar que no pueden competir con sistemas diseñados para captar la atención de manera científica.
Advierte, además, que el poder de las empresas tecnológicas trasciende lo económico y alcanza lo político, con algoritmos que inciden en procesos electorales y decisiones públicas.
En este contexto, las escuelas enfrentan el reto de impulsar una alfabetización digital crítica que permita distinguir entre información y opinión, detectar noticias falsas, verificar fuentes y comprender los riesgos asociados a la inteligencia artificial.
Las familias, por su parte, deben asumir un rol activo desde el ejemplo en el uso de la tecnología.
El avance de la inteligencia artificial intensifica los riesgos, al facilitar la creación de imágenes, audios y videos falsos con alto grado de realismo, lo que favorece la manipulación y la desinformación.
Frente a este panorama, Pérez plantea tres acciones prioritarias: establecer una gobernanza global mediante acuerdos internacionales, exigir transparencia en los algoritmos y reconocer plenamente los derechos digitales.
Sin estas medidas, niñas, niños y adolescentes permanecen expuestos en un entorno sin reglas claras.
El uso de tecnologías digitales en la infancia configura un fenómeno complejo que demanda responsabilidad compartida entre Estados, empresas, escuelas y familias. El desafío no radica en desconectar a las nuevas generaciones, sino en garantizar su acceso a entornos digitales seguros, informados y con pleno respeto a sus derechos.
LSOG