Los guanajuatenses desplazados no han recibido el apoyo y seguimiento adecuado por parte de las autoridades, y en mayor o menor medida han tenido que valerse por sí mismos
Valentín López
León, Gto. 22 de enero de 2024.- El desplazamiento forzado por la inseguridad delictiva y la violencia, es un fenómeno que ha afectado a familias y habitantes guanajuatenses en los últimos años.
En el censo del 2020 se contabilizaron 6 mil 515 personas que se habían ido de Guanajuato, perseguidos por la inseguridad y la violencia, en el curso de cinco años, de acuerdo a un estudio de migración interna en la región centro-occidente, elaborado el año pasado por la CONAPO.
Conforme a dicho estudio, al mismo tiempo llegaron al estado 5 mil 371 personas que huyeron de su lugar de origen por las mismas causas de violencia e inseguridad.
Pero más allá de los números, en todos los casos son proyectos de vida que se ven trastocados por la inseguridad o la violencia de que son víctimas, observa el fundador de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, Raymundo Sandoval.
A diferencia de la migración, que es voluntaria, y que puede estar asociada a causas económicas, el desplazamiento forzado interno se debe a violaciones a derechos humanos o a violencia. Hay algunas preocupaciones que tiene las familias de personas desplazadas, que son acompañadas por niñas, niños o adolescentes, y eso requiere un enfoque interseccional, requiere una recuperación de los proyectos de vida extendidos, no solamente de la persona en riesgo, sino de las familias, y un compromiso también del estado para atender también esos proyectos de que son afectados también por el desplazamiento. No son solamente números, sino proyectos de vida, son familias truncadas, son dinámicas que tienen que modificarse.
En concepto del académico, los guanajuatenses desplazados no han recibido el apoyo y seguimiento adecuado por parte de las autoridades, y en mayor o menor medida han tenido que valerse por sí mismos.
Un seguimiento correcto implica que antes del desplazamiento sea ubicada con oportunidad la situación de riesgo.
Durante la expulsión, que se asegure el derecho a una vida digna.
Y después, que se atienda la reubicación temporal en un lugar fuera de peligro, para que la víctima pueda rehacer su vida, o si es posible, se creen las condiciones para su retorno.
Esto último se refleja en el testimonio de María Concepción Sierra Enríquez, quien tuvo que dejar el estado el 10 de mayo de 2022 por buscar a su hija Luz María García Sierra, desaparecida hace seis años, el 8 de enero de 2018, y ahora ha sido retornada todavía con los temores del riesgo.
Me tuvieron que sacar del estado. Fui incorporada al mecanismo de protección a defensores de los derechos humanos y periodistas. Me sacaron y me mandaron al estado de Oaxaca. Para mí es lo peor que he vivido, un 10 de mayo, el haberme sacado de aquí del estado. Iba yo llorando. Lo miro como si fuera una película, escuchando música del Día de las Madres que llevaban cuando me sacaron de aquí, y yo decía: qué bonito Día de las Madres, me están sacando ahorita por amenazas. Y todo por lo que hago. Yo no hago nada malo: seguir buscando a los desaparecidos. Eso es lo que me llevó a recibir amenazas.
En el país, los desplazamientos forzados internos debidos a la violencia son 10 veces mayores que los desplazamientos forzados por los desastres.
Esto, de acuerdo al estudio de la CONAPO que cuantifica 24 mil 376 desplazados por esta última causa, y 262 mil 411 desplazados por la inseguridad, en el mismo periodo de 5 años y basándose en datos del mismo censo del 2020.
En el caso de Guanajuato, Raymundo Sandoval considera que la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas debe elaborar un diagnóstico y crear un fondo y un programa específico para personas desplazadas.
En todo caso, las familias desplazadas son una realidad del estado que, aún sin registro, está ocurriendo ahora mismo.
RAGA