Luis Ernesto Ayala Torres, señaló que ejercicios como este abonaban a la comprensión colectiva del contexto.
A fin de profundizar sobre el tercer informe de actividades presentado por el fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, y conocer el estatus que guarda la procuración de justicia en la entidad, se llevó a cabo una mesa de trabajo con diputados locales.
En ella el legislador Luis Ernesto Ayala Torres, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, señaló que favorecían el acercamiento permanente entre las autoridades y la población y facilitaban el involucramiento y supervisión social en la toma de decisiones públicas.
Con base en la mecánica aprobada, Zamarripa Aguirre, fiscal general, realizó una presentación donde destacó que se disminuyeron las recomendaciones emitidas a la institución; en materia de personas desaparecidas, comentó que se llevaron a cabo reuniones con colectivos y familiares, para escuchar sus reclamos; habló sobre las acciones en materia de derechos humanos; la sustentabilidad corporativa e información financiera; y los casos relevantes en procuración de justicia; entre otros temas.
En la primera ronda de preguntas cuestionaron sobre qué beneficios han traído los mecanismos alternativos de solución de controversias penales; si hay afectación por el número de ministerios públicos que se tienen; las acciones para la atención integral a las familias de víctimas de personas desaparecidas; qué diagnóstico o evaluaciones han hecho sobre los procesos internos para generar las cifras delictivas y los mecanismos para mejorar la deficiencia de la fiscalía en estadística criminal.
También indagaron sobre el tema de los ministerios públicos y qué estaba sucediendo; qué estaba pasando con el fondo que manejan para víctimas; cuántas de las mujeres víctimas de feminicidio denunciaron algún tipo de violencia; cuántas redes de trata operaban en el estado; cómo se priorizaba la aplicación de los recursos; cómo lograr evaluaciones internas serias; los mecanismos de evaluación; cómo se priorizan las investigaciones; entre otras.
Las preguntas versaron sobre la estrategia de justicia en los municipios con mayor incidencia delictiva; las acciones que están realizando para erradicar o disminuir la violencia feminicida; si se tiene planeado en lo futuro crear nuevas sedes del Centro de Justicia para las Mujeres; si ha incrementado la impunidad; el impacto del uso de la tortura en la judicialización de las causas; las medidas adicionales a los cursos se pueden tomar para que el índice de señalamientos de tortura disminuya; a qué se debía el descenso de Guanajuato en México Evalúa; cómo pretenden garantizar que los ejes estratégicos van a bajar la impunidad; el número de casos resueltos de trata de personas; la situación estatal en cuanto a la incidencia del citado delito, así como las acciones más relevantes que se han realizado en ese tema.
También profundizaron sobre las estrategias implementadas para la atención y seguimiento, a fin de disminuir la cifra negra de delitos que no se denuncian; la clasificación de los feminicidios; las acciones sobre los casos de masacres que señala Causa Común; las acciones que se seguirán implementando para el debido funcionamiento de la Unidad de Investigación de Inteligencia Patrimonial y Económica; cuáles eran las principales actividades delictivas de las bandas y células delictivas que se desarticularon en el año que se reportaba; las acciones que han implementado para combatir el fenómeno denominado “puerta giratoria y las llevadas a cabo para seguir creciendo en el índice de transformación digital.
Otro de los temas que cuestionaron fueron el seguimiento que se le da a una víctima de violencia que ingresa a refugio temporal; el protocolo en los ministerios públicos en caso de que hubiera una supuesta situación de corrupción; acciones con relación al trato y atención ciudadana; los mayores retos que afronta la Fiscalía General para lograr consolidarse y abatir los altos índices delictivos; las acciones relevantes en cuanto a los delitos contra el medio ambiente; porque se centralizó el servicio médico forense en Guanajuato capital; el número de detenciones hechas por la Fiscalía y remitidas la autoridad federal; las acciones extras que hará la Fiscalía para que los colectivos sigan siendo atendidos y escuchados; por mencionar algunas.
Finalmente Ayala Torres agradeció la disposición del fiscal general, y subrayó que el servicio público implica un compromiso con la apertura, la transparencia y la rendición de cuentas, precisó que se contó con más de 4 mil personas conectadas a través de las diferentes plataformas.