La nueva Ley de Transparencia reconfigura el sistema estatal y elimina al organismo garante tras 22 años.
Leonel Araiza.
Guanajuato, a 10 de abril de 2026-. Con la publicación de la nueva Ley de Transparencia, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP) concluyó sus funciones, las cuales ahora asumirá la Secretaría de la Honestidad, junto con los órganos internos de control del Congreso de Guanajuato, el Poder Judicial y los organismos autónomos.
El comisionado del IACIP, Juan Sámano Gómez, informó que la entrada en vigor de la legislación el pasado miércoles 8 de abril marcó el cierre de actividades del instituto y el inicio de una nueva estructura encargada de atender los temas de transparencia en la entidad.
Sámano Gómez confirmó que el personal, recursos financieros, bienes inmuebles, expedientes y demás materiales del organismo se transferirán a la Secretaría de la Honestidad del Gobierno del Estado. Precisó que, desde la aprobación de la ley en el Congreso local, iniciaron los trabajos de planeación y organización para concretar la entrega.
El comisionado subrayó que las solicitudes de información que la ciudadanía presente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia continuará su curso y deberán ser atendidas por los municipios, el Congreso del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y los demás sujetos obligados. No obstante, puntualizó que los recursos y medios de impugnación quedarán temporalmente suspendidos.
Explicó que, en los próximos días, la Secretaría de la Honestidad asumirá la atención de los recursos e inconformidades relacionados con el Poder Ejecutivo y los municipios, mientras que el Congreso y el Poder Judicial deberán resolver aquellos asuntos que correspondan a su ámbito de competencia.
Tras 22 años de operación, Sámano Gómez aseguró que el IACIP cumplió de manera puntual con sus atribuciones hasta el último momento y destacó que la consolidación de una cultura de transparencia representa uno de sus principales logros.
Por su parte, la titular de la Secretaría de la Honestidad, Arcelia González González, afirmó que la dependencia ya realiza las adecuaciones necesarias para asumir sus nuevas responsabilidades. Indicó que posteriormente evaluarán costos y personal para ajustar la estructura a los presupuestos disponibles.
Detalló que, conforme a la normativa vigente, la Secretaría deberá emitir lineamientos en materia de transparencia, impartir capacitaciones y coordinar el sistema estatal, en el que participarán municipios, poderes y organismos obligados a difundir información pública.
González González agregó que aprovecharán los 65 días establecidos por la ley para capacitar al personal y adecuar sus procesos, a fin de atender los recursos de impugnación e inconformidades ciudadanas derivadas de las respuestas en materia de transparencia.
Asimismo, señaló que en los próximos días los organismos garantes deberán actualizar sus reglamentos y normativas internas, mientras que los municipios tendrán que ajustar sus procedimientos y definir los mecanismos para canalizar y responder las inconformidades ante la Secretaría de la Honestidad.
Finalmente, la funcionaria llamó a la ciudadanía a confiar en la nueva Ley de Transparencia y en las funciones que asumirá la dependencia estatal.
La legislación mantiene el plazo de cinco días hábiles para responder solicitudes de información, con posibilidad de una prórroga de hasta tres días adicionales.
También establece un período de 40 días para resolver inconformidades, con una extensión de hasta 20 días hábiles más.
El nuevo marco jurídico refuerza la prohibición de reservar información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y garantiza que ninguna persona sea investigada por ejercer su derecho de acceso a la información.
Además, incorpora la obligación de utilizar lenguaje claro y promover una política de transparencia con enfoque social, orientada a que la información pública contribuya a mejorar la vida de las personas.
La nueva legislación alcanzará su plena implementación en un plazo de 65 días, momento a partir del cual podrán evaluarse sus resultados y el impacto de las políticas públicas en la materia.
LSOG