Ciudad de México, a 8 de febrero de 2023
DIPUTADO RICARDO VILLARREAL GARCÍA (RVG): “El espacio aéreo es parte integrante del territorio nacional, como lo refiere el artículo 27 constitucional, que lo señala como parte del dominio de la nación, al mandatar, que corresponde a la nación, el dominio directo de todos los recursos naturales, el espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el derecho internación.
Por su parte, el artículo 42, fracción sexta de la Carta Magna, lo considera como una de las partes integrantes de la Federación, por lo que el espacio aéreo es uno de los elementos que integran la nación mexicana, en el que se ejerce la soberanía, haciéndole una parte trascendental del Estado mexicano y tiene una gran importancia para la seguridad, la defensa, el comercio y transporte, así como a todas las posibilidades existentes para el desarrollo de las actividades trascendentales del país.
Cabe destacar que en esta dimensión, ocupa la parte superior tanto del territorio terrestre como marino, la cual da una idea del tamaño de dicha área para la soberanía de nuestra nación.
El reto que existe para el espacio aéreo nacional es, primero, proteger la soberanía nacional y aumentar su uso con eficiencia, ya que en el espacio aéreo de nuestro país cada 36 horas se reporta una alerta de seguridad por aeronaves vinculadas con actividades de la delincuencia organizada, específicamente del narcotráfico.
De acuerdo con el informe del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo del 01 de diciembre de 2018 a noviembre del 2021, se emitieron 720 alertamientos para la intercepción y seguimiento de aeronaves por probables actividades ilícitas.
Por ello, el presente dictamen que estamos sometiendo a su consideración, tiene como finalidad la creación de un nuevo conjunto normativo, es decir, una nueva ley, la Ley de Protección al Espacio Aéreo Mexicano.
La motivación para la creación de esta ley se sustenta en la identificación de factores que deben erradicarse desde los ejes medulares de la propia administración pública federal, pues, como es sabido, el mal uso de la infraestructura aeroportuaria y del espacio aéreo mexicano, es fomentado por inobservancia de la normatividad aplicable, la falta de coordinación interinstitucional y la ausencia de mecanismos de cooperación, así como el desacato de las acciones que se plantean implementar.
Todo lo anterior, es producto o termina permitiendo actos de corrupción que ponen en riesgo la seguridad de la aviación civil, pues permiten la circulación de vuelos clandestinos, de aeronaves sin mantenimiento y de tripulaciones sin calificación, para pilotear el material aéreo, principales causas del accidentes aéreos.
Adicionalmente, también nos encontramos en otro tipo de amenazas, por citar algunas, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, la documentación apócrifa ante autoridades aeronáuticas, permisos de internación, licencia de vuelo y certificaciones de aeronavegabilidad, las operaciones en aeródromos sin permiso, en no acatar con el Código Transponder, los desvíos de la ruta para abandonar el territorio nacional de manera ilegal, entre muchas otras.
Cabe señalar, que la Fuerza Aérea Mexicana ha intervenido en la localización e intervención en vuelo, identificación y acompañamiento hasta el lugar de destino de aeronaves.
De este modo, y de manera coordinada además, el personal militar de la Secretaría de la Defensa y Civil de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, realizan operaciones tanto aéreas, como terrestres, para asegurar la zona de aterrizaje de las aeronaves que identifican que están cometiendo posibles actos delictivos.
En su caso, aseguran los bienes y personas involucradas en la comisión de este tipo de delitos, encontrándonos con el problema de que el marco jurídico vigente, dificulta la aplicación de sanciones a tripulantes y propietarios de aeronaves que sobrevuelan y aterrizan irregularmente en el territorio nacional, lo que impide que se inhiba la reiteración de este comportamiento que vulnera a la seguridad aérea y, por ende, a la seguridad nacional.
Estamos determinando, que el Ejecutivo garantizará la vigilancia y la protección sobre el estado aéreo y se plantea la creación del sistema de vigilancia y protección, cuyo objetivo será coordinar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que la integran para inhibir las operaciones ilícitas y aquellas que atentan contra la seguridad nacional.
En fin, compañeras y compañeros.
Con este dictamen, se aprovechará la capacidad estratégica, técnica y de uso de la fuerza de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la coordinación con todas y cada una de las autoridades civiles, para proteger el espacio aéreo mexicano, con ello proteger nuestra soberanía nacional y garantizar la paz de las familias mexicanas”.