El retiro de las unidades con más de 20 años de servicio continuará al quedar firme la resolución judicial que prioriza la seguridad de los usuarios y el cumplimiento de la normativa vigente.
Autoridades sostienen que no permitirán la circulación de unidades obsoletas fuera de la ley.
El Ayuntamiento afirmó que responderá la demanda conforme a la ley y rechazó ser responsable de las pérdidas económicas que reclama la concesionaria.
De acuerdo a la legislación vigente, las unidades de transporte público deben tener un máximo de 10 años de antigüedad.