La elección del próximo contralor o contralora municipal será definida hasta el mes de diciembre y no antes de que termine este mes como lo marca el reglamento de este proceso, luego de que los tiempos marcados en la convocatoria excedan los 10 días que quedan de noviembre.
Roberto Lira.
Celaya, Gto. 22 de Noviembre del 2021.- La elección del próximo contralor o contralora municipal será definida hasta el mes de diciembre y no antes de que termine este mes como lo marca el reglamento de este proceso, luego de que los tiempos marcados en la convocatoria excedan los 10 días que quedan de noviembre.
La convocatoria aprobada este viernes marca un tiempo de siete días para recibir expedientes de las personas interesadas en ocupar el cargo, así como 10 días para que el Comité Municipal Ciudadano analice las propuestas y entreviste a los postulantes, para entonces emitir una terna de la que el ayuntamiento erigirá al próximo contralor, sin embargo, el Reglamento para la Elección del Contralor marca que el nombramiento del contralor debe realizarse a más tardar 20 días a partir de la conformación del Comité Municipal Ciudadano, lo cual se hizo el pasado 10 de noviembre.
Al respecto, el regidor José Agustín Gaspar Aguado, presidente de la Comisión de Contraloría, reconoció que la designación del nuevo contralor municipal se dará hasta el mes de diciembre por los tiempos que se han manejado en la convocatoria, asimismo, resaltó que el proceso se ajustará a los tiempos legales y no habrá problema en la elección del titular de este cargo.
El regidor destacó que entre los requisitos principales para ser aspirante a este cargo están el tener nacionalidad mexicana, ser residente del estado de Guanajuato no menor a tres años anteriores a la fecha de la designación; al menos 30 años cumplidos al momento del nombramiento, poseer al día de la asignación título y cedula profesional en las áreas contable, económica contable, jurídica o administrativa; contar con experiencia profesional de cuando menos tres años en el control manejo y administración de recursos; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerita pena privativa de la libertad de más de un año, pero si se tratara de robo, falsificación, abuso de confianza o enriquecimiento ilícito cometido contra la administración pública quedará inhabilitado cualquiera que haya sido la pena.