El descontento ha llegado a tal grado que algunas personas afirmaron que prefieren recorrer varias calles caminando antes que abordar un camión del transporte público con el fin de evitar malos tratos o unidades incómodas.
Quienes viven esta realidad coinciden en que no buscan infraestructura de lujo ni privilegios especiales; lo que solicitan es algo mucho más básico, espacios públicos dignos, funcionales y seguros.
Familias piden más vigilancia y mantenimiento en los cementerios del municipio.
Vecinos atribuyen el problema a fallas del servicio y a la falta de cultura ciudadana.
El temor a robos y hechos violentos obliga a familias y comercios a modificar sus rutinas.
Alberto Méndez, propietario de una vulcanizadora, señaló que atiende entre 15 y 20 vehículos que presentan daños derivados de haber caído en un bache.
Acusan disposición de basura en zonas no autorizadas; autoridades aún no aclaran los señalamientos.
Habitantes indicaron que el impacto no solo alcanzaría a las tierras de cultivo ubicadas en los alrededores, sino también a las familias que habitan en las inmediaciones del predio.
Familiares y habitantes de El Caracol cerraron la vialidad para demandar acceso al expediente y un proceso legal transparente.
El caso genera la necesidad de evaluar si las obras públicas responden realmente a las necesidades de la población o si terminan convirtiéndose en proyectos costosos cuyos beneficios aún están por demostrarse.