Guanajuato Capital

Extorsiones serán consideradas como un delito contra la seguridad de las personas.

La diputada del PAN presidenta de la comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato, Cristina Márquez Alcalá, informó que su grupo parlamentario está preparando una modificación al Código Penal del estado para que el delito de extorsión cambie de ser delito patrimonial a delito contra la seguridad de las personas.

Devin Ayala.

Guanajuato, Gto. 10 de Noviembre de 2021.- La diputada del PAN presidenta de la comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato, Cristina Márquez Alcalá, informó que su grupo parlamentario está preparando una modificación al Código Penal del estado para que el delito de extorsión cambie de ser delito patrimonial a delito contra la seguridad de las personas.

Lo anterior debido a que las extorsiones siguen registrándose en el estado de Guanajuato, principalmente en el corredor industrial y en municipios como en Celaya, en donde recientemente se dio a conocer que un hombre perdió la vida a causa de la diabetes, y a decir de sus familiares, la enfermedad se detonó por la extorsión de la que fue objeto.

Al respeto la legisladora reconoció que, a un año que se realizaron reformas para incrementar las sanciones por el delito de extorsión, es necesario hacer un análisis sobre el impacto de las adecuaciones, pero también queda pendiente realizar un ajuste y es el de reubicar el delito.

Cristina Márquez subrayó que con la modificación se atendería una parte fundamental para el ciudadano, que es el bien jurídico e integridad de la persona, por lo que la propuesta que plantean ve por tener una herramienta eficiente para abatir las extorsiones, castigar a los responsables y apostar por la prevención.

Insistió que es necesaria hacer una evaluación para verificar cómo es que funciona la reforma de 2020 y el impacto que está teniendo para corroborar que sea efectiva para las autoridades de investigación e impartición de justicia.

La reforma al Código Penal del estado de Guanajuato en 2020 estableció como delito grave la extorsión; y aumentó la sanción e cuatro a quince años de prisión y de cuarenta a ciento cincuenta días multa.

Asimismo, contempló aumentos en la sanción del delito de una mitad del mínimo a una mitad del máximo, en caso de que se incurra en alguno de los siguientes supuestos: se cometa por dos o más personas; el sujeto activo se ostente como miembro de un grupo delictivo; si el sujeto activo se encuentra en prisión, entre otros.